| Historias de Salta |
Dr. Arturo S. Fassio |
Interventor Federal en Salta 15/8/1944 - 6/12/1945
Interventor Federal, Dr. Arturo S. Fassio13 se caracterizó principalmente por la aplicación de una política de sindicalización y de cooptación de los gremios ya existentes y por la implementación de una fuerte acción social en beneficio de los trabajadores, en consonancia con los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Presivión, conducida por Perón. En este sentido, Fassio se rodeó de funcionarios, casi todos de Buenos Aires, con amplia experiencia en problemas laborales y sociales, para actuar en una provincia dominada por el sector terrateniente y liderada, fundamentalmente, por uno de los grandes productores azucarero y de vasta trayectoria política, el Dr. Robustiano Patrón Costas. De acuerdo a declaraciones del Interventor Fassio dirigidas a los empleadores del comercio y de la industria de la provincia, sostuvo que bregaría.
“Por el estricto y fiel cumplimiento de las leyes del trabajo, nacionales y provinciales” (…) porque “se ha iniciado una era de justicia social, en la que el trabajo honesto, que es fuente de progreso para el país, será siempre amparado y reconocido en sus legítimos intereses, sin adoptar ninguna actitud parcial, sino ser el nexo conciliador y justiciero, a la vez que vincule en una estrecha colaboración permanente a las dos grandes fuerzas de la economía, el capital y el trabajo”
En cumplimiento de los objetivos trazados, el Interventor Federal se aprestó a aplicar el Estatuto del Peón Rural, que se conoció en Salta en el mes de octubre de 1944. Con este decreto Perón intentaba penetrar en el interior de la propiedad terrateniente con la finalidad de regular las relaciones laborales, apoyando al sector menos protegido: el trabajador de la zona rural. El Estatuto del Peón Rural fue una de las cuestiones que provocó un distanciamiento de Michel Torino con las autoridades militares.
Algunos propietarios reaccionaron en forma moderada, pero otros, como el dueño de El Intransigente, expresó su desacuerdo a través de editoriales, en la que señalaba ciertos errores que observaba en una legislación de alcance nacional que no tenía en cuenta la diversidad de las regiones, como clima, extensión del territorio, producción, modalidades dela población, etc. Llegaba a la conclusión de su inaplicabilidad uniforme en todo el país. Asimismo, consignaba los argumentos por los cuales resultaba imposible el cumplimiento de las disposiciones que beneficiarían a los trabajadores rurales.
Las críticas de Michel Torino se profundizaron a través de un extenso memorandun, publicado en varios días, en su carácter de presidente de la Bolsa de Comercio, Industria y Producción de Salta y en representación de todos sus asociados. Estaba dirigido al Interventor Federal Fassio y a la Secretaría de Trabajo y Previsión. En ese documento se detallaban cuidadosamente los efectos positivos y negativos de la vigencia del Estatuto del Peón Rural en la provincia. Se exponía la sensación de intranquilidad que reinaba en los centros agropecuarios, comerciales e industriales. Sostenía que el salario mínimo perjudicaría al propietario quien se vería obligado a paralizar sus actividades, con la consiguiente caída de la recaudación fiscal y lo peor, la desocupación. Afirmaba que el Estado debía otorgar créditos a los trabajadores rurales para la construcción de sus viviendas, como también hacerse cargo del establecimiento de los centros de salud y la erradicación de enfermedades endémicas como el paludismo, el mal de chagas, etc.
En la provincia de Salta las leyes de “conchabo” se mantuvieron hasta principios del siglo XX; fue con al asunción del gobernador radical Joaquín Castellanos (1919-1921), que la legislación referida a los trabajadores en general adquiere una nueva orientación, ya que uno de sus objetivos era “mejorar la situación moral y económica” de los mismos y, especialmente, la del peón rural. Resultado de su preocupación fue la denominada “Ley Güemes” (1921) de protección de los trabajadores y la ley-en el mismo año- de creación del Departamento Provincial del Trabajo.
El nuevo instrumento legal imponía exigencias a los patrones y garantizaba derechos tales como jornadas limitadas, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pago en moneda corriente y la prohibición de vales, bonos o cualquier otra forma de emisión por parte de los propietarios. Como la “Ley Güemes” tocaba intereses de los sectores terratenientes, muchos de ellos no tardaron en reaccionar oponiéndose férreamente. Su aplicación se vio burlada y facilitada por la intervención federal a la provincia decretada por el presidente Hipólito Yrigoyen.
Perón necesitaba una estructura partidaria de alcance nacional para canalizar sus aspiraciones presidenciales y, en este sentido, fueron infructuosas sus acciones para llegar a un entendimiento político con Michel Torino. Éste consideraba que lo que se proponía era “peronizar” la Revolución y con ello se desvanecían las esperanzas que había depositado en sus inicios. Por su parte, la Unión Cívica Radical salteña atravesaba por problemas internos, los que se intensificaron y terminaron en una fractura. Los que apoyaron a Perón se denominaron yrigoyenistas (Junta Reorganizadora de la U.C.R.), y entre ellos se alinearon los ya habían sido cooptados por los militares.
La otra fracción liderada por Michel Torino, respondió al Comité Nacional del radicalismo. Desde entonces, El Intransigente tildaba a sus pares opositores de “yrigoyenistas o colaboracionistas”, mientras que el diario oficialista, Norte. La voz radical, llamaba “michelines” a los seguidores de Michel Torino. El Intransigente, a través de sus páginas, ejerció una fuerte crítica que se fue profundizando durante la campaña proselitista. Algunas de esas manifestaciones fue la publicación de una carta de un estudiante radical:
Las organizaciones estudiantiles están con (…) los trabajadores libres y democráticos. No apoyan a Perón y la tiranía porque el primero como ejecutor y la segunda como sistema bárbaro de desgobierno, son la negación de la República y la democracia, son en cambio, la expresión más típica del régimen nazifascista que ha costado a la humanidad millones y millones de vidas
En otro artículo denunciaba un atentado a un sindicato con gruesos epítetos:
Un segundo atropello a la democracia fue el asalto que hicieron (…) las turbas peronianas, al local de la Unión Ferroviaria (Seccional Güemes). Como un acto de venganza, por la denuncia que hiciera pública el secretario de esa filial obrera, por los desmanes producidos por las hordas nazi-fascistas.
Editoriales y notas llevaban títulos como: “El verdadero fascismo”; “La política del ¡chúmbale! seguida por la delegación del Trabajo”; “El candidato del nazifascismo”, “Perón es nazismo”; “Catolicismo y Nazismo”; “Los peronistas-fascistas de Rosario de Lerma y Quijano”, “Combata el nazi peronismo. Libertad-Justicia-Democracia”. De esta manera, Michel Torino expresaba su definición sobre el gobierno militar, calificándolo como nazismo o fascismo.
